AMADE coincide con el CGE en el papel esencial de las enfermeras geriátricas, pero condena los titulares alarmistas que nuevamente castigan a las residencias sin conocer la realidad normativa del sector sociosanitario
Ante la publicación del informe “Necesidad de proteger la presencia de las enfermeras en centros residenciales para mayores”, realizado por el Consejo General de Enfermería (CGE) y las comunicaciones que se han llevado a cabo en los medios de comunicación, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) quiere trasladar a la opinión pública y a las Administraciones su valoración rigurosa y experta en esta materia, basada en el marco normativo vigente, en la realidad del modelo sociosanitario y en los datos actuales del sector. La enfermería es un pilar fundamental de los equipos profesionales, pero las residencias no son centros sanitarios En AMADE defendemos sin matices que la enfermería juega un papel esencial en los cuidados a las personas mayores, especialmente en situaciones de dependencia y complejidad. Su aportación al trabajo interdisciplinar es incuestionable. No obstante, es imprescindible recordar que, en la Comunidad de Madrid y en la normativa estatal, las residencias son centros de servicios sociales, no centros sanitarios. Así lo determinan: La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. La normativa madrileña de acreditación y funcionamiento de centros sociales. Este marco establece con claridad que el centro residencial es el hogar de la persona, y que la atención sanitaria corresponde al Sistema Público de Salud, que presta asistencia en el entorno residencial mediante Atención Primaria y las Unidades de Apoyo a Residencias (UAR). Las condiciones laborales y funciones de la enfermería están reguladas en el VIII Convenio Marco Estatal El informe difundido propone equiparar únicamente a la categoría de enfermería con las condiciones laborales del sistema sanitario público. Esta idea, además de ser ajena al marco jurídico vigente, resulta: Discriminatoria, al no contemplar al resto de categorías profesionales reguladas por el mismo convenio. Inviable legalmente, mientras las residencias sigan siendo centros de servicios sociales y no sanitarios. Contradictoria con el diseño de un ecosistema sociosanitario que debe ser equilibrado e interdisciplinar. Actualmente, todas las funciones profesionales, incluida la enfermería, están definidas en el VIII Convenio Marco Estatal, negociado y firmado por organizaciones sindicales y patronales, y de obligado cumplimiento para todo el sector. Reducir la enfermería a la “administración de medicación” es un planteamiento obsoleto El informe insiste en que la administración de medicación debe ser realizada exclusivamente por enfermeras. Sin embargo, esta visión ignora completamente los avances técnicos y organizativos del sector. El emblistado farmacéutico, implantado masivamente en la Comunidad de Madrid, permite que otros profesionales sanitarios, con la debida cualificación, puedan garantizar la correcta administración de tratamientos crónicos y estandarizados, liberando a la enfermería para desempeñar funciones de mayor complejidad clínica y de seguimiento. Reducir la aportación enfermera a este único procedimiento es un planteamiento reduccionista y alejado de la realidad asistencial actual. La acusación implícita de que la gestión privada favorece precariedad o mala praxis carece de fundamento El informe parte de la premisa de que los centros de gestión privada, por tener objetivos legítimos de rentabilidad, implican peores condiciones laborales, menor calidad o riesgo para la seguridad. Esta afirmación es inaceptable, pues generaliza sin evidencia empírica, e ignora la fuerte regulación que rige los centros residenciales, especialmente en la Comunidad de Madrid. Además, muestra desconocimiento sobre el papel de las Administraciones, que realizan más de 10 inspecciones anuales por centro y ejercen una potestad sancionadora estricta. La calidad asistencial no depende del modelo de gestión, sino del cumplimiento de la normativa, de la supervisión permanente de la Administración y del compromiso profesional de los equipos. El sector privado está realizando un esfuerzo extraordinario para captar y fidelizar enfermería El informe se refiere a condiciones laborales precarias, pero omite un aspecto esencial que el sector conoce perfectamente: la absoluta escasez de profesionales de enfermería. Precisamente, por ello, las empresas privadas en Madrid están ofreciendo: salarios un 25 % superiores al convenio, mejoras en flexibilidad, turnos y formación, políticas activas de retención de talento. Por tanto, la realidad del mercado laboral contradice la afirmación de que las residencias no están invirtiendo en atraer y mantener enfermeras. Lo que necesita el sistema no es medicalizar las residencias, sino reforzar la coordinación sociosanitaria Coincidimos en que las personas mayores residentes requieren una atención sanitaria adecuada a su complejidad. Pero la respuesta no es convertir las residencias en pequeños hospitales, sino: – Garantizar equipos multidisciplinares sólidos, donde la enfermería es un perfil clave junto con fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social, psicología, gerocultora, medicina, etc. – Reforzar la coordinación efectiva con Atención Primaria. – Desarrollar instrumentos como la historia sociosanitaria compartida. – Ajustar las ratios a criterios funcionales, evidencia actual y disponibilidad real de profesionales. Pretender que las residencias sustituyan al sistema sanitario público es un retroceso conceptual contrario al propio modelo de atención centrada en la persona. Importancia de trabajar en soluciones realistas AMADE seguirá trabajando en soluciones realistas y la mejora de las normativas basadas en la evidencia. Por tanto, reafirmamos nuestro compromiso con: La presencia esencial de enfermería en los equipos de atención. El cumplimiento estricto de la normativa. La defensa de un modelo sociosanitario equilibrado, centrado en la persona y no en estructuras sanitarias hospitalocéntricas. El diálogo permanente con Administración, profesionales y organizaciones científicas. Sin embargo, rechazamos discursos que ignoran la normativa vigente, plantean soluciones ajenas a la realidad del sector, generan alarma social injustificada o proponen cambios que harían aún más difícil incorporar enfermeras, dadas las carencias estructurales del mercado laboral. AMADE valora a los equipos de enfermería y su aportación a la calidad asistencial. Pero defender la enfermería no implica desnaturalizar el modelo residencial, ni imponer condiciones laborales u organizativas ajenas al marco legal o incompatibles con el sistema sociosanitario español. El futuro pasa por fortalecer la coordinación sociosanitaria, mejorar las condiciones laborales de todo el equipo profesional y garantizar una atención integral, no por transformar en sanitario un recurso que, por diseño y por ley, es un hogar.
AMADE, Aeste, Lares Madrid y PAD y los sindicatos CCOO y UGT firman el convenio de residencias de la Comunidad de Madrid
La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), Aeste, Lares Madrid y PAD, junto con los sindicatos CCOO y UGT, han logrado un acuerdo para la firma del I Convenio de Residencias y Centros de Día Privados y Concertados de la Comunidad de Madrid, un paso decisivo para fortalecer y reconocer la labor de quienes trabajan cada día en la atención y el cuidado de las personas mayores. Con este acuerdo, la Comunidad de Madrid recupera su propio ámbito de negociación, un elemento clave que permitirá adaptar las condiciones laborales a las necesidades y particularidades del territorio. El convenio tendrá vigencia anual hasta el 31 de diciembre de 2026 y regulará las condiciones de trabajo de más de 40.000 profesionales del sector, reforzando la estabilidad y garantía de derechos en un momento de especial complejidad socioeconómica. Entre los elementos más relevantes del acuerdo, las partes destacan que se garantizan las mismas condiciones salariales que el VIII Convenio Estatal de la Dependencia durante toda su vigencia. Además, se recupera un derecho especialmente valorado por las plantillas: el permiso retribuido de hasta 20 horas anuales para acudir a consultas de Especialistas Médicos del Sistema Público de Salud. Las organizaciones firmantes subrayan que este avance ha sido posible gracias al consenso necesario entre todas las partes implicadas, el diálogo constante, responsable y constructivo, que ha permitido encontrar puntos de encuentro en un contexto marcado por la inestabilidad y la urgencia de reforzar los servicios esenciales. Todas las partes coinciden en que este convenio supone un paso significativo para poner en el centro los cuidados y a las personas que los hacen posibles, reforzando la calidad de la atención y reconociendo el compromiso de los equipos profesionales.